La seguridad ciudadana está comprendida dentro de la Nueva Constitución Ecuatoriana. “El Estado garantizará la seguridad ciudadana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno” (Art. 393).

El Estado constitucional tiene su fundamento no en un proyecto económico ni en un imaginario bélico. Su fundamento está en el respeto a los derechos y su compromiso con la construcción de la justicia social. La soberanía no está dictada por el territorio sino que “radica en el pueblo” (Art. 1). Por lo tanto, la defensa de la soberanía es la garantía “a sus habitantes para la creación de una cultura de paz” (Art. 3). Plan Ecuador realiza acciones desde esta comprensión porque al llevar los servicios del Estado a la Frontera garantiza el ejercicio de los derechos de la población fronteriza.

En conclusión, para la lucha contra las inseguridades a las que están expuestas las personas, las comunidades, pueblos, Nacionalidades de la frontera, es importante tener una postura firme e integradora de parte de los actores institucionales de la Frontera Norte y una apropiación amplia de parte de la población nacional y fronteriza. La presencia institucional del Estado en la frontera requiere de la articulación de diversas instituciones para elaborar normas y procesos que se ocupen de las inseguridades. En estos esfuerzos está empeñado Plan Ecuador.